A finales de este 2017 que acaba de terminar, el Congreso nos sorprendió con la admisión a trámite de la Proposición de Ley de modificación del Código Civil y dos leyes muy relevantes y de peso en la sociedad española, con las que dotar a nuestras mascotas de vida y sensibilidad y darles así una mayor seguridad y protección jurídica, aunque nuestra relación con ellos siga siendo una relación de propiedad privada.
Divorcios y mascotas ¿Qué dice la ley?
Es una reforma que lleva mucho tiempo palpitando en la calle. En la actualidad casi la mitad de los hogares españoles tienen una mascota o animal de compañía, y seguramente de ese porcentaje el 99% los considera un integrante más de su familia, con todo lo que ello conlleva.
Se trata de avanzar legislativamente con la sociedad, al hilo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece en su artículo 13 el reconocimiento a los animales como sintientes, y al igual que lo han hecho otros países europeos como Suiza, Alemania, Francia y Portugal (estos dos últimos tienes en sus códigos descripciones positivas para los animales, diferenciándolos claramente de otras formas de vida como las personas, las cosas o las plantas, como la que se plantea España).
- En primer lugar, se introducen reformas en el Código Civil Español (artículos 90, 94, 103, 333, 334, 346, 355, 357, 465, 499,610, 611, 612) donde hasta ahora se consideraba a los animales como meras cosas, en concreto los englobaba en el estatuto jurídico de cosas, específicamente en bienes muebles, pasando a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, como la mayor parte de la sociedad ya los consideraba.
- En segundo lugar la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en su artículo 605, por el que dejan de ser embargables los animales de compañía (aunque no las rentas que ellos mismos puedan generar).
- Y en tercer lugar la Ley Hipotecaria, que incluye un nuevo punto primero en su artículo 111 dentro de “lo que no comprende la hipoteca”, que incorpora a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo así como a los animales de compañía, es decir, evita que la hipoteca de una vivienda se pueda extender a los animales que allí viven.
Ante una ruptura eran simples objetos
Estas reformas que pueden parecer de poca importancia tienen consecuencias con una gran relevancia para los amantes de los animales y para los mismos animales.
Hasta la entrada en vigor de esta reforma los animales de compañía podían ser embargados ante el impago de rentas de su propietario como si fuera un coche, una granja o un piso, y por supuesto ser incluido en las herencias y en la liquidación de bienes gananciales, en todas estas situaciones con la única consideración de su valor económico.
Por ello ante las rupturas matrimoniales, con animales de compañía de por medio, no teníamos una legislación que regulara en que situación quedaba una mascota.
Pacto y custodia compartida
Para evitar estas circunstancias “se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios sobre los que el juez debe de tomar la decisión de entregar el cuidado del animal, primando su bienestar” y por lo tanto se abre la posibilidad a una especia de custodia compartida para los animales y al establecimiento de un régimen de visitas.
Hasta ahora estas situaciones se solventaban mediante la disolución de una copropiedad indivisible cuando ambos cónyuges eran sus propietarios (régimen económico matrimonial de bienes gananciales) y se llegaba a un acuerdo en el que uno se quedaba con el animal y por ello compensaba al otro por la pérdida de derechos y disfrute.
Por otro lado si sólo uno era el propietario antes de contraer matrimonio, se trataría igual que un bien mueble o inmueble considerándolo un bien privativo y por lo tanto permaneciendo al lado de su propietario primogénito.
Ante el resto de situaciones en la que hay una controversia que no se puede subsanar de forma amistosa, la justicia se ha tenido que ir pronunciando conforme se lo solicitaban y en función de lo que le solicitaban, dictando por ejemplo sentencias en las que se pronunciaba a favor de que los animales se queden con el cónyuge al que le corresponda la custodia de los hijos, para evitar que se separe a los menores de los animales que forman la unidad familiar (Snt AP Navarra octubre 2013), o declarando que “en ningún caso los animales pueden ser equiparables a las personas a efectos de custodia” siendo lo correcto que se integren en el activo de la sociedad de gananciales (AP Málaga abril 2012) o la tenencia compartida del animal ya que era lo que solicitaba una de las partes (J. Primera Instancia nº2 de Badajoz octubre 2010) o declarando custodia única ante la demostración de una de las partes mediante pruebas fehacientes de que el animal le fue donado en exclusiva y además figuraba a su nombre en el Registro de identificación de animales de compañía de la Comunidad de Madrid (J. Primera Instancia nº30 de Madrid marzo 2013).
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Como sentencia pionera en materia de custodia compartida de animales domésticos tenemos la dictada en el 2010 en el juzgado de Primera instancia nº2 de Badajoz, cuyo fallo dictaminó en función de las pruebas y del petitum de la demanda, la custodia compartida del perro propiedad de una ya ex pareja, estableciendo que dicho perro permaneciese en compañía de uno y otro durante periodos sucesivos de seis meses, iniciando el que se había visto últimamente privado de su tenencia.
¿Entonces si mi pareja y yo nos divorciamos que pasa con mi mascota?
A partir de la entrada en vigor de estas reformas se va a tener en cuenta el bienestar del propio animal, no pudiendo ser repartido como si fuera un simple televisor.
Por supuesto, como en todos los divorcios lo mejor es ponernos de acuerdo con nuestra ex pareja para llegar a un buen convenio, firmando lo que se llama un “convenio regulador” (art 90 CC) en el que entre otras cosas se estipula de forma amistosa por ejemplo la custodia de los hijos, el régimen de comunicación, la atribución de la vivienda, y ahora también el destino de los animales de compañía en el caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal pudiendo incluso preverse en el propio convenio el reparto de los tiempos de disfrute si fuera necesario.
Pero si este acuerdo amistoso no se consigue, acudiremos a los tribunales, donde se encargaran de velar por el bienestar de nuestros amigos peludos siguiendo una serie de criterios para asegurar dicho bienestar como pueden ser el tipo de vivienda, el espacio del que dispone el animal, el tiempo que le podemos dedicar, los recursos económicos de que disponemos, el hecho de que haya menores en la familia, teniendo también muy en cuenta quien ha sido la persona que se ha encargado del animal hasta ese momento, quitándole quizá un poco de importancia a quien figure como su propietario.
Así mismo el nuevo artículo 94 bis del Código Civil nos indica que la autoridad judicial confiará los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal y el artículo 103.2ª repite la misma frase y añade que admitida la demanda con audiencia de los cónyuges adoptará la forma en que el cónyuge al que no se hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.
Surgen nuevos derechos pero también hay que recordar las obligaciones ya que los dueños deben ejercer sus facultades atendiendo siempre al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono o la provocación de una muerte cruel e innecesaria.
En la actualidad no existe mucha jurisprudencia sobre el tema de la custodia compartida de los animales y tampoco se puede decir que se empezará a estimar tal cual, lo que si que se puede afirmar que este 2018 traerá muchas novedades en las sentencias de separaciones y divorcios en relación a los animales y su tratamiento, por todo lo comentado anteriormente, y sin lugar a dudas que la sociedad empezará a demandar esta custodia compartida tan esperada.
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Alba Sáenz Fernández.
Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja número 1866.
Auditora y consultora en protección de datos.
Socia del despacho de abogados Jimenez, Moreno y asociados.
MARÍA 
